El Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitió a la Corte Constitucional un documento de consideraciones jurídicas en el que sostiene que la suspensión provisional del Decreto Legislativo 1390 de 2025 resultaría improcedente y contraria a la coherencia institucional del alto tribunal. Según el Gobierno, la declaratoria de Emergencia Económica se encuentra debidamente sustentada en el artículo 215 de la Constitución y en la jurisprudencia vigente, al concurrir factores excepcionales como la agravación de la crisis fiscal, la insuficiencia de los mecanismos ordinarios y la necesidad de una intervención inmediata del Ejecutivo para garantizar la estabilidad económica del país y el cumplimiento de obligaciones constitucionales, especialmente frente a población vulnerable.

Consulte aquí el documento completo del Ministerio de Hacienda con las consideraciones jurídicas presentadas ante la Corte Constitucional.