La Superintendencia de Sociedades inicia actuación administrativa para someter al grado de supervisión denominado “control” a Aldea Proyectos S.A.S. y convocarla a un proceso de reorganización

Bogotá D.C. 26 de enero de 2024. La Superintendencia de Sociedades inició una actuación administrativa, tendente a someter al grado de supervisión denominado “control” a Aldea Proyectos S.A.S. y convocarla a un proceso de reorganización, con el propósito de conservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.

El control es el máximo grado de supervisión, de carácter subjetivo y societario, que ejerce la Superintendencia de Sociedades, para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica, y que permite convocar a la sociedad al trámite de un proceso de insolvencia, como medida preventiva, con el fin de preservar la empresa y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias.

El grado de supervisión denominado “control” no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la Sociedad, quien conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la ley, con plena garantía de sus derechos.

De otro lado, es pertinente informar a la opinión pública, que los asuntos de protección a los consumidores son de resorte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En cuanto a los consumidores financieros de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de las cuales se encuentran las fiduciarias, podrán someter a conocimiento de esa autoridad, los asuntos contenciosos que se susciten entre ellos y dichas entidades.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez afirmó, “estamos comprometidos con la recuperación de las empresas que atraviesen dificultades económicas, con el fin de promover su salvamento y fortalecimiento a través de un acuerdo que permita regularizar sus relaciones crediticias y comerciales, salvaguardando así el empleo e impulsando la economía del país”.

La Superintendencia de Sociedades continuará cumpliendo su objetivo de preservar el orden público económico, garantizando los principios y derechos previstos en la Constitución y la ley.



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