La Superintendencia precisó que la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, establecida en la Ley 2069 de 2020, no aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado ni a las sociedades públicas asimiladas. Estas entidades se rigen por un régimen especial definido en la Ley 489 de 1998. Para el sector empresarial, esto marca una diferencia clara entre sociedades privadas y públicas en cuanto a las reglas de continuidad y liquidación.

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