En el marco de una acción de nulidad, el Consejo de Estado analiza la legalidad de los conceptos emitidos por la DIAN que extendieron a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) la obligación de contar con revisor fiscal y de presentar sus declaraciones tributarias con su firma, bajo el supuesto de su sometimiento al derecho privado en actividades comerciales. La controversia se centra en determinar si dicha exigencia tiene sustento normativo, en particular frente al régimen jurídico mixto de estas entidades y a las reglas sobre su creación, estructura y control, así como en la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos cuestionados.

Expediente 30750 Consejo de Estado