El Ministerio de Hacienda señaló que la negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento genera un faltante en los ingresos proyectados para soportar el Presupuesto General de la Nación 2026, especialmente en lo relacionado con la contribución adicional prevista para sectores de alta capacidad económica, como el financiero. Sin esta fuente de recaudo, se incrementan los riesgos de desfinanciación de programas ya aprobados y se hace necesario evaluar ajustes tributarios o medidas alternativas que garanticen la sostenibilidad fiscal sin afectar a los contribuyentes de menores ingresos.

MinHacienda expone implicaciones fiscales tras la negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público alertó sobre las implicaciones fiscales derivadas de la reciente decisión del Congreso, donde 4 votos a favor y 9 en contra negaron la Ley de Financiamiento. Esto ocurre a pesar de haber aprobado el Presupuesto General de la Nación 2026 (PGN) por $546,9 billones, cuya ejecución dependía de la disponibilidad de los ingresos contemplados en dicha ley.

La negativa de este reducido grupo de senadores genera un vacío de financiamiento que pone en riesgo programas sociales esenciales, proyectos de inversión en marcha y obligaciones previamente respaldadas por las mayorías del Congreso.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificó la decisión como “estrictamente política, derrotista y desconectada de la realidad fiscal y social del país”, y aseguró que el Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para evitar que los costos de esta decisión recaigan sobre los hogares colombianos, especialmente los más vulnerables.

Tasa de Tributación del Sector Financiero 

El eje central de la propuesta de financiamiento se concentraba en la tributación de las utilidades del sector financiero, que alcanzaron cerca de $112 billones de pesos.

El Gobierno había propuesto una contribución adicional sobre estas ganancias para financiar programas sociales esenciales, entre ellos:
• La garantía de una pensión mínima para 3 millones de adultos mayores.
• La financiación de la estrategia de salud pública del Estado.

El ministro recordó que la medida no afectaba a las familias trabajadoras ni a los sectores productivos de ingresos bajos y medios, sino que se enfocaba en quienes cuentan con mayores ganancias y capacidad contributiva.

Aunque hubo reversión de la medida, el gobierno sigue firme en su compromiso con la atención a la población vulnerable y asegura que, estos programas no se eliminarán. Se buscarán medidas económicas para que los sectores con altos ingresos y utilidades (incluido el financiero) tributen lo necesario para cubrir el Presupuesto General de la Nación. “Seguiremos concentrándonos en los grandes patrimonios, en los sectores con mayores utilidades, incluido el financiero”, afirmó el ministro Ávila.

Impuestos eliminados o retirados

Canasta familiar: Se descartó por completo el IVA o cualquier impuesto sobre productos esenciales.
Gasolina: Se retiraron propuestas de impuestos al consumo o IVA sobre el combustible, contrario a lo que circuló en redes.
Cerveza: Se eliminó el impuesto planteado para este producto.
Eventos culturales: Se retiró el impuesto a la boletería de alto costo (más de $500.000), atendiendo la sensibilidad del sector artístico.

Impuestos mantenidos o recuperados

Altos patrimonios: Se mantuvieron gravámenes sobre los grandes patrimonios y empresarios.
Sector financiero: Se mantuvo la contribución de este sector dada su alta capacidad económica.
Impuestos saludables: Continuaron los gravámenes sobre tabaco y licores (excepto cerveza).
Industrias extractoras: Se recuperó la no deducibilidad de las regalías, fortaleciendo el aporte de este sector al país.

Incoherencia legislativa: se aprueba el presupuesto, pero se niega su financiación

El Congreso aprobó un presupuesto por $546,9 billones de pesos, sin embargo, este pequeño grupo de senadores negó la ley que permitía financiarlo.
“Las decisiones tomadas por la comisión no fueron técnicas ni midieron las implicaciones fiscales o sociales, sino que fueron estrictamente políticas, los senadores de la comisión buscan hacerle daño al Gobierno actual y al próximo”, expresó el ministro de Hacienda, afirmando que los senadores actuaron  de manera “derrotista” sin importar la estabilidad fiscal del país. Esto, no solo refleja una grave contradicción grave, sino que es una trampa al país, dado que, impide ejecutar el plan de inversión y gasto que ya había sido avalado por las mayorías del Congreso.

Riesgos fiscales para el Estado y las inversiones sociales

La negativa de aprobar la Ley de Financiamiento abre un vacío en los ingresos públicos, poniendo en riesgo la ejecución de:
•    Programas sociales.
•    Proyectos de inversión.
•    Obligaciones presupuestales ya aprobadas por el Congreso.

El país queda en una situación en la que hay un presupuesto aprobado, pero no los recursos para financiarlo, lo que obligará a replantear gastos e inversiones. Con tasas bajas de inflación, reducción del desempleo y una economía creciente, era justo que se transfiriera una parte para financiar proyectos sociales.

El Gobierno Nacional está explorando medidas necesarias para reducir la brecha de desfinanciación creada por la NO aprobación de la Ley de Financiamiento. El ministro reiteró que el Gobierno Nacional no permitirá que los costos de esta decisión recaigan sobre los más pobres.

Afirmó que, la prioridad seguirá siendo proteger el gasto social y buscar alternativas que garanticen la estabilidad fiscal sin afectar a las familias colombianas.