El proyecto de decreto reglamentario busca que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que accedan al segundo mercado durante el régimen excepcional de emergencia cumplan con condiciones mínimas de gobierno corporativo, garantizando transparencia y protección a los inversionistas. Con esta medida, el Gobierno nacional pretende que las SAS afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 canalicen recursos privados hacia la reconstrucción y recuperación empresarial, bajo esquemas de control como la obligatoriedad de junta directiva con miembros independientes, revisor fiscal y funciones de auditoría asignadas a la junta.

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