El contador público no debe prestar servicios de auditoría a una sociedad cuando mantiene una relación profesional directa con el representante legal de la entidad auditada, en tanto dicha situación compromete su independencia y constituye una amenaza significativa al cumplimiento de los principios éticos.

De igual forma, resulta improcedente que el mismo profesional realice simultáneamente una auditoría externa y una reconstrucción contable sobre el mismo periodo objeto de examen, dado que son encargos incompatibles por su naturaleza técnica. La ejecución de ambos encargos comprometería la independencia del auditor. Así mismo, no se observa sustento normativo para que el auditor pueda imponer citaciones obligatorias ni para que califique la no asistencia de funcionarios como una negación al proceso.

CTCP 2025-0077